El poder del pueblo

Cuando la clase política actúa en muchos casos como tal, proclama que en su punto de mira están principalmente el interés general y el bien común. Sin embargo, rara vez consulta la opinión y la necesidad del pueblo, salvo que lo convoque periódicamente a depositar un sobre en una urna. El poder pone en marcha su gigantesca maquinaria electoral para que esos votos coloquen en las poltronas disponibles al máximo de sus candidatos, pero, fuera de ello, se siente inquieto cuando los ciudadanos pretenden cuestionar sus decisiones, por muy incoherentes que éstas pudieren resultar respecto de sus programas, promesas y presuntas señas de identidad.

La ciudadanía, por su parte, no siempre es consciente de su inmenso poder: en sus manos está oponerse eficazmente e incluso pulverizar las instancias de poder que considere deshonestas, injustas y contradictorias. Para ello sólo es preciso que tome conciencia de que los intereses de la inmensa mayoría son coincidentes, y que resultan defendibles y realizables si se actúa conjuntamente.

Si grandes porciones de la población aunasen sus sensibilidades y actuaciones en torno a un mismo objetivo, ningún Gobierno, ninguna organización política o financiera, ninguna medida política, social o económica podría llevarse a cabo sin contar realmente con la voluntad del pueblo. La clase política se sentiría entonces presa del pánico a perder su poltrona, y el poder financiero  vería amenazado lo único que ama: sus beneficios.

El poder es esencialmente egoísta, miedoso y se rige básicamente por el principio del mantenimiento del orden establecido. Por eso manipulan tanto la opinión pública, por eso hablan tanto de seguridad y de orden. Por eso también ponen tanto empeño en desorientar o desunir al pueblo, las organizaciones y asociaciones ciudadanas, de todo tipo. Su mayor miedo proviene de que la mayoría comprenda finalmente su propio poder, frente al cual sólo podrían oponer la fuerza, la coerción y la manipulación consciente de los hábitos y opiniones establecidos de los ciudadanos que desean una sociedad realmente democrática. El poder quiere ante todo espectadores y votantes de siglas, no personas activas y comprometidas, críticas y militantes de la democracia real. El poder quiere excluir al pueblo de los chanchullos urdidos en sus despachos, de sus pactos vergonzantes, de sus repartos, de sus veleidades, de sus ambiciones. Quiere sobre todo excluirlo del poder económico, auténtico motor central de la vida ciudadana. El poder blinda las puertas de entrada a cualquier voz disonante de la propia, se erige en representante único del pueblo (pero sin el pueblo), y proclama a renglón seguido que eso constituye el gran triunfo de la libertad y la democracia. El poder miente, el poder es mentiroso. Queda por saber si la ciudadanía es conciente tanto de la gran mentira del poder, como del inmenso poder que tiene en sus propias manos.

La ciudadanía, consciente y combativa, reivindicativa, podría hacer saltar por los aires una entidad financiera, una coalición gubernamental, una empresa abusiva, un proyecto urbanístico con sabor a pelotazo, un pacto perjudicial, una poltrona detrás de otra. El pueblo tiene el poder, no sólo porque lo diga la Constitución, sino porque realmente lo tiene. Sólo es necesario para ello que se lo crea, que aúne esfuerzos y determine sus objetivos.

El poder lleva en sus entrañas dos eficaces bombas de relojería, con las que, por las buenas o por las malas, puede aprender la lección del pueblo: el sufragio universal (no sólo ejercido en las urnas, sino también y sobre todo en la calle, en las asociaciones ciudadanas, culturales, laborales y sociales) y la escolarización universal. Ellas fomentan no sólo la libertad y  la renta per cápita del ciudadano, sino el desarrollo de  su conciencia, su capacidad de reflexión y análisis crítico. Se le llena la boca al poder de frases grandilocuentes sobre la trascendencia de la educación para la sociedad, pero lo cierto es que se afana por programar el tipo de ciudadano que necesita, por narcotizar su nivel y grado de conciencia e implicación. ¿Será por ello que el PP propone con tanto mimo su proyecto de Ley sobre la calidad de la enseñanza? ¿O que el Gobierno de Iglesias coincida, de hecho, tanto con las propuestas del PP, pero parezca desconocer las perentorias necesidades de tantos centros públicos, de tantos pueblos perdidos, de tantas zonas marginales?